Desde el próximo 1 de enero, el consejo de administración de las empresas cotizadas será responsable de las estrategias tributarias y deberá determinar la política de gestión de riesgos fiscales.
Así lo establece la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que entró en vigor el pasado día 24, que contiene una disposición para que este importante aspecto fiscal esté vigente desde enero, de acuerdo con el comienzo del ejercicio de las compañías.
De esta forma, Hacienda intenta poner coto a la planificación agresiva y a la ingeniería tributaria de las compañías trasladando la responsabilidad directamente al consejo, que en ocasiones asegura no conocer las decisiones de los responsables de Fiscal.
En esta norma, Hacienda ya ha introducido modificaciones sobre el control de la morosidad, con lo que las empresas deberán publicar en sus cuentas anuales e informar a sus accionistas de su plazo medio de pago a proveedores.
Gestión de riesgos
En lo que respecta a las responsabilidades e información sobre la política tributaria, el consejo de administración deberá diseñar la gestión de riesgos, pues de ello no sólo dependen las cuentas financieras de la sociedad sino también su imagen reputacional que, en muchos casos, debe atender no solo a la normativa fiscal nacional sino a la de varias jurisdicciones, trasladan desde Hacienda.
Además y como función indelegable, el consejo deberá aprobar las operaciones de especial trascendencia tributaria para reforzar la responsabilidad fiscal. Asimismo, estará obligado a determinar la estrategia tributaria y responsabilizarse de los resultados de las mismas ante los accionistas, asegurando de este modo unas prácticas de gobierno corporativo adecuadas.
A esto se suma que el consejo deberá aprobar la creación o adquisición de participaciones en entidades domiciliadas en paraísos fiscales, así como cualesquiera otras operaciones de naturaleza análoga que «pudieran menoscabar la transparencia», dice la norma.
Todas estas tareas se convierten en «indelegables» para el consejo de las cotizadas.Estas sociedades deben hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo.
Actualmente el contenido mínimo debe incluir, entre otras cuestiones, los sistemas de control del riesgo de la sociedad, entre los que ahora será obligatorio incluir los riesgos fiscales. También se establece como nueva función de la comisión de auditoría la de supervisar la eficacia de los sistemas de control de riesgo fiscal y la determinación de la estrategia tributaria.
Desde Hacienda trasladan que la intención es que las obligaciones se vayan extendiendo a todas las empresas.El Fisco subraya que dará relevancia a la gestión de riesgos fiscales y enmarca los cambios en las mejoras del gobierno corporativo. También hay implicaciones de riesgo reputacional y relación con los esfuerzos para prevenir el blanqueo de capitales. Se hará un esfuerzo de divulgación si es necesario, concede Hacienda.
El escenario actual es que sólo el 17% de las compañías realiza alguna mención a su estrategia fiscal; en el caso del Ibex, el 37%, según PwC. El 18% considera que el consejo debe involucrarse más en este asunto.
Este cambio sigue el ejemplo de otros países, cuando crece la preocupación ante el traslado artificial de beneficios de las multinacionales para no tributar.
Fuente: expansión.com
